Panamá quedó paralizada hace un mes, cuando la aprobación de un contrato minero que se considera inconstitucional sirvió de detonante para las protestas. Chiriquí, donde se produce el 80 % de los productos agrícolas, está aislado. La falta de combustible bloquea la distribución de alimentos. La industria gastronómica, el turismo y otros rubros se han visto afectados con pérdidas millonarias
La chef Patricia Miranda no ha recibido un solo cliente en los últimos 28 días. Su restaurante Cerro Brujo está ubicado en el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, donde se produce el 80% de los productos agrícolas que alimenta a los panameños.
En noviembre comienza la temporada alta que coincide con la celebración de las fiestas patrias. Se espera un gran número de turistas locales y extranjeros que viaja a Chiriquí a vacacionar, principalmente a Tierras Altas y a Boquete, dos destinos que destacan por la oferta gastronómica y variedad de atractivos turísticos. Pero no llegó ninguno.
El panorama cambió de un día para otro cuando la Asamblea Nacional aprobó un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, refrendado por el presidente Laurentino Cortizo, para operar la mina más grande de extracción de cobre de Centroamérica, sobre el corredor biológico mesoamericano.
La decisión causó una ola de protestas en todo el país que ya suma treinta días entre cierres de calles, bloqueos de carreteras internas, suspensión de clases en las escuelas públicas, paros laborales de distintos gremios, heridos y detenidos. Cuatro personas han muerto desde que empezaron las manifestaciones ciudadanas, las más grandes desde la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
El Consejo Nacional de la empresa privada ha calculado al menos 1.700 millones en pérdidas para la economía nacional en rubros esenciales como el sector agropecuario y la pesca, la industria agroalimentaria, el comercio, hoteles y restaurantes. La situación ha afectado a consumidores, supermercados, abarroterías y también a Merca Panamá, el punto más grande de acopio y venta de productos al mayor situado en la ciudad capital, donde los cocineros suelen ir a comprar sus insumos.
Chiriquí aislado
“Esto ha sido peor que la pandemia”, dice Miranda. La provincia de Chiriquí se ha convertido en un foco intenso de protestas liderado por grupos que solicitan la derogación del contrato. Desde hace casi un mes han bloqueado las vías e impedido el despacho de alimentos al resto del país.
El distrito de Tierras Altas es el mayor proveedor de vegetales y hortalizas de Panamá. “Vivimos de la agricultura y el turismo, pero con todo lo que está pasando se han perdido las cosechas y una gran cantidad de vegetales que no llegaron a su destino. Ha pasado también con la leche cruda, se han dañado muchos litros.”
A falta de comensales, Miranda envió a su equipo de trabajo a casa. Además de cocinar en su restaurante vende productos artesanales como quesos, salsas y conservas. En su huerta hay parcelas de albahaca y tomatillo, entre otros cultivos. Dice que han sobrevivido porque tienen leña y comida. “Hice una producción de al menos 600 frascos para la temporada alta y allí se quedaron. Estoy haciendo conserva de lo que encuentre, he hecho pesto todos los días; cocino en fogón de leña y horno eléctrico porque nos hemos quedado sin gas en el pueblo. Lo más triste es que la seguridad alimentaria se ha visto muy quebrantada”.
Maru Gálvez, presidenta de la Cámara de Turismo de Tierras Altas y propietaria del hotel Casa Grande Bambito, afirma que la ocupación hotelera en la zona está en cero. El cierre de las carreteras que conectan a ciudad de Panamá con el interior del país ha impactado negativamente al turismo. Además del desabastecimiento de alimentos, no hay combustible.
“Cuando llegan estas fechas nos preparamos con suficiente personal e insumos para atender a los huéspedes, pero a estas alturas nuestra facturación se ha reducido un 30%. Todas las reservas se cayeron, también se han cancelado varias rutas de cruceros, no sabemos si renovarán para 2024. Cada vez que un crucerista pasa una estadía de ocho horas en Panamá gasta en promedio entre 120 y 150 dólares. La imagen que estamos proyectando ahora no transmite confianza ni seguridad al viajero”, explica Gálvez.
Trabajando por la seguridad alimentaria
La fundación Rescate de Alimentos, dirigida por Helga Barría, ha visto una oportunidad en medio de la coyuntura que vive el país para confirmar que su plan piloto Transformando la comunidad de Alto Jaramillo, en Boquete, sí funciona.
Esta Organización No Gubernamental fundada en 2020 tiene como objetivo combatir el desperdicio de alimentos, reducir la desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria en Panamá. Durante la pandemia repartieron más de 130 mil comidas preparadas con ingredientes descartados.
Con el plan piloto, iniciado en 2022, Barría pretende mejorar el acceso a los alimentos en la escuela Alto Jaramillo y áreas aledañas. Ha instalado un comedor sustentable con la participación de las madres de los estudiantes, donde prepara suficientes comidas utilizando un biodigestor que produce biogás y fertilizante.
“En momentos como éste cuando las vías están cerradas, no hay gas para cocinar ni gasolina para trasladarse, trabajamos juntos de manera planificada con un inventario de alimentos rescatados que alcanza para cuatro o cinco meses. También tenemos una huerta donde sembramos y gracias al biodigestor la falta de gas no nos ha perjudicado”, cuenta Barría. En su opinión, es posible garantizar la seguridad alimentaria y no requiere grandes inversiones.
En lo que va de 2023 ha servido 12.600 platos de comida. A pesar de que la escuela Alto Jaramillo está cerrada, continúa cocinando para las familias que se han quedado sin recursos. “La comunidad se une, comparte conocimientos y contribuye con lo que puede. Quien tiene algo lo trae: huevos, plátanos, aguacates, chayotes. Se acercan con sus envases reutilizables para llenarlos de comida. La actual escasez que vivimos es un recordatorio de que necesitamos políticas públicas con urgencia, la centralización de la producción de alimentos y la falta de autonomía agrícola han vulnerado la soberanía alimentaria. Estamos trabajando por un futuro más sostenible.”
Un gremio que resiste
En ciudad de Panamá, una capital que presume su amplia oferta gastronómica, los restauranteros han revivido los tiempos de la pandemia. En las últimas semanas han sorteado la escasez y el encarecimiento de los productos, los horarios reducidos, la falta del personal que no consigue llegar a tiempo al restaurante, los reajustes en el menú para ofrecer “lo que hay” y el bajón en las ventas.
“Seguimos dando la pelea, con los guantes puestos”, dice Domingo de Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y afines, ARAP, y propietario de El Trapiche, un negocio familiar que tiene cuarenta años sirviendo gastronomía panameña. Allí ha tenido que ingeniárselas para ofrecer los platos regulares del menú, si escasea un ingrediente lo sustituye por otro o lo elimina. No hay ensaladas, tampoco patacones porque los plátanos han subido de precio.
Ante las protestas que no cesan y la inestabilidad económica, la ARAP ha contemplado suspender los contratos de sus empleados, una medida que han tomado empresas de otros rubros. “La Asociación tiene 575 miembros y genera alrededor de 15 mil empleos. Nuestros colaboradores han hecho un esfuerzo por cumplir sus horarios, pero las ventas han bajado un 60%. Es insostenible operar así, nos preocupa el desempleo.”
El reto es mantenerse en pie. De Obaldía afirma que las consecuencias han perjudicado a todo el gremio, desde el pequeño productor hasta las grandes empresas. “Ni siquiera en la pandemia vimos filas para tener algo de gasolina o un tanque de gas. Hemos superado muchas crisis, pero como panameño hoy me siento frustrado”.
